La UE expedienta a Londres por no proteger las aguas de Gibraltar

atunaraReino Unido incumple normas europeas en el área marítima que reivindica en el Estrecho.

Agencias.Una cosa es reivindicar la soberanía de unas aguas y otra muy distinta tomar medidas efectivas para protegerlas de amenazas medioambientales. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal de infracción a Reino Unido por el presunto incumplimiento de la directiva Hábitats, relativa a la conservación de los ecosistemas, por no haber adoptado las medidas de protección requeridas en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) británicas. Dos de estas ZEC afectan a Gibraltar y una de ellas engloba la práctica la totalidad de las aguas en torno al Peñón cuya soberanía se disputan España y el Reino Unido.

En mayo pasado, concluyó el plazo de seis años que había dado Bruselas a los países que albergan zonas incluidas en la red Natura 2000 para que adoptasen las preceptivas medidas de protección. La lista de incumplidores incluyó a Portugal, Alemania, Grecia, Irlanda, España y Reino Unido.

En el Estrecho hay dos ZEC británicas y una española. Las británicas son Rock of Gibraltar (terrestre, de 200,5 hectáreas, que ocupa el territorio del Peñón) y Southern Waters of Gibraltar (marina, de 5.486,5 hectáreas, en torno a Punta Europa). La española, Estrecho Oriental, de 23.641,82 hectáreas, engloba completamente a la segunda y abarca además una amplia zona marina al sur y este del Peñón, por lo que ambas de solapan en las aguas cuya soberanía está en disputa.

La Comisión Europea no entra en el litigio hispano-británico, pero exige a los dos países, con responsabilidad medioambiental compartida en el Estrecho, que cumplan sus obligaciones. “España ya remitió información suficiente y se ha concluido que cumple con la norma en las aguas de esta área”, señalan fuentes comunitarias. España también es objeto de investigación, pero no en esa zona, sino en otros lugares que las fuentes consultadas no quisieron revelar.

La respuesta de Reino Unido a Bruselas llegó el pasado 27 de julio, dos meses después de la apertura formal del expediente. “Es una respuesta larga y detallada”, admiten las fuentes consultadas, que no han concluido su análisis. Si la respuesta no se considera satisfactoria, la Comisión podría denunciar a Londres ante la Corte de Justicia de la UE, pero antes dispondría de otros dos meses más para aportar alegaciones. “Es un tema muy sensible y aún bajo investigación”, alegan fuentes comunitarias para justificar su mutismo.

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